POR HERLINDO VAZQUEZ
Chetumal.- Con la aprobación de la Ley de Ordenamiento Cívico se garantizará el respeto a la Libertad de Expresión pero sin transgredir los derechos de terceros. Asimismo, fomenta corresponsabilidad con las autoridades, de lo contrario los inconformes podrán proceder contra ellas.
Dicha Ley, aprobada ayer por la XIV Legislatura, incluye las observaciones realizadas por diversos actores a la de Ordenamiento Social, a efecto de cumplir con las expectativas y garantías ciudadanas.
Paralelo a lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) inició con capacitación a agentes policíacos, para sepan cómo actuar en caso de manifestaciones.
La Ley de Ordenamiento Cívico consta de nueve capítulos, 34 artículos y tres transitorios, para fomentar la Cultura Cívica, Actitud Ética, Respeto a Derechos Humanos y Garantía de Uso de Vías Públicas con Respeto.
Con dicha Ley se respeta el Derecho a la Libertad de Expresión, realización de manifestaciones o actos de protesta en los sitios que los inconformes deseen, pero siempre y cuando no se transgreda el Orden Social y tampoco se afecte a la infraestructura pública.
El presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XIV Legislatura, Juan Carrillo Soberanis, expuso que con la aprobación de esta Ley se garantizan precedentes importantes en Cultura Cívica y Respeto a las Garantías Individuales.
Puesto que ahora ya no será obligatorio informar a las autoridades 48 horas respecto a la realización de manifestación, queda a consideración del promovente de protestas.
“Es un derecho, si el inconforme decide informar la autoridad esta queda obligada a instalar una mesa de diálogo para resolver las inconformidades, asimismo, el Estado resulta obligado a asistir a los manifestantes con facilidades para la realización de marchas y servicios médicos, por mencionar algunos beneficios”, señaló.
En caso de que la autoridad no atienda esta petición, los inconformes pueden proceder administrativamente contra la autoridad omisa o que desacate sus obligaciones.
Asimismo, no se impedirá que los manifestantes realicen sus protestas donde desee, únicamente quedan obligados a respetar la infraestructura pública y orden social, de lo contrario se faculta a la fuerza pública a intervenir.
Las sanciones que se aplicarían en caso de arresto por desmanes, serán de hasta 100 salarios mínimos, aunque esto queda a consideración de los municipios.
Lo que queda prohibido es el bloqueo a las vías de comunicación porque atentaría contra derechos de aquellos ciudadanos ajenos a movimientos de protesta.
La Ley de Ordenamiento Cívico entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (DOE).