Por David Acosta /
El alza al precio de los combustibles es algo que se venía venir desde meses atrás, sin embargo, al actual gobierno no le importó e instaló medidas para recaudar recursos a costa la de la ciudadanía con el famoso reemplacamiento. El golpe fue duro, se dio marcha atrás a este excesivo cobro y se tuvo que recurrir a otros estímulos fiscales, que en poco o nada abonarán a las familias para salir de la crisis económica por la que atraviesan.
Cuando se anunció el cobro del reemplacamiento, el gobernador, Joaquín González no se a presentó a la conferencia de prensa, envió a su secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, a dar los pormenores del hecho que desde entonces generó molestia a la ciudadanía.
No obstante, este martes que se informó la “disminución” del cobro del reemplacamiento de mil 181 pesos a 682 pesos, además del descuento en otros derechos, como parte del apoyo a la economía popular, ante el gasolinazo, estuvo encabezando la conferencia, visiblemente incómodo.
Es obvio que se persigue un fin político y recuperación de imagen, no hubo mejor pretexto para resarcir este error que el “gasolinazo”. Mejor aún, todo esto se da en el marco de los primeros 100 días de gobierno, en donde se ha recibido más críticas negativas que comentarios positivos.
Se tiene que reconocer en principio que el reemplacamiento fue un desacierto, pues la economía familiar no da para más cobros de derechos e impuestos. También se debe tomar en cuenta que disminuir su costo no arregla nada, incluso no amortigua el “gasolinazo”. Ni que decir de los descuentos en licencias de conducir, actas de nacimientos, subsidios en el pago por actos inscribibles, anotaciones, libertad de gravamen y derechos en créditos hipotecarios. Algunos de éstos, la población no sabía que existían.
Lo que se tiene se tiene que frenar es la crisis económica y el despido de trabajadores estatales, toda vez que durante enero otros 250 irán a la calle para abrir espacio a más poblanos, buscar calidad de vida de la sociedad, mejorar los salarios para que la gente pueda comer tres veces al día y no solo incentivar el empleo, sino que éste sea bien pagado.
Si aplausos es lo que se busca, hay que ser honestos y recordar que es obligación de un gobernante velar por el bien común, mientras que la ciudadanía debe exigir el cumplimiento de las promesas de campaña y no pedir favores.
En todo este proceso, no es Vergara Fernández el que está asumiendo el costo político como tanto presumió, sino el gobernador de origen yucateco, quien como castigo exhibió a su secretario de Finanzas al decir que fue un error comentar que las críticas a su gobierno provienen de detractores políticos.