Por David Acosta
La XVII Legislatura del Congreso del Estado está a punto de pasar como otra más que convierte las comparecencias de rendición de cuentas en pasarelas de funcionarios. El desfile de titulares de dependencias u organismos de la administración pública, para ampliar información de la glosa de los informes, parece solo un circo montado.
El diputado Julián Ricalde fue quien puso de nuevo el dedo en la llaga, las comparecencias tienen un formato que no es funcional y además obsoleto, que es necesario hacer deliberativo e interactuante, para que los funcionarios no solo lleguen a hacer su presentación en power point y ser “apapachados”.
Hay razón en eso, pero el problema no solo es el formato, sino la propia normatividad que faculta a la legislatura para llamar a comparecer ante los diputados.
Los artículos que soportan legalmente este “protocolo”: el 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su fracción XVI, así como el 49, 52 y 57 fracciones II, IX, XII, XV, XXII y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, igual de claros que el agua de la Bahía de Chetumal.
La ambigüedad en la legislación vigente permite a los diputados interpretar a su libre albedrío el objetivo o la razón de ser de las comparecencias y, por tanto, hacer lo que se les plazca.
En esencia el informe que presenta el o la titular del Ejecutivo Estatal es una rendición de cuentas, así lo establece el artículo 258, también de la Carta Magna del Estado. Textualmente señala: “rendir informe anual que guarda la administración pública, así como el avance y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo”.
En teoría debería incluir todo: lo bueno, lo regular y lo malo. Los funcionarios que comparecen solo dicen que consideran positivo y los diputados se conforman con ello, peor aún, en ocasiones ensalzan los incipientes o nulos resultados. Han sido capaces de realizar preguntas a modo y hasta de justificar los errores.
Esta XVII Legislatura que, en este segundo año de ejercicio constitucional, encabeza Humberto Aldana Navarro, como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) tiene la oportunidad de marcar la diferencia y rescatar algo de credibilidad de Morena en el Congreso del Estado, en las comparecencias como parte del análisis de la Glosa del Pirmer Informe de Gobierno.
El bochornoso papel que hicieron en la legislatura anterior Edgar Gasca Arceo y Reyna Durán Ovando, aún no desaparece y ha dejado mal sabor de boca entre la sociedad, por un “partido” que se pensó sería diferente y que por fin lograría una verdadera separación de poderes.
Ocurrió lo contrario, pues Morena, en su momento, desde la Cámara de Diputados sirvió fielmente a Carlos Joaquín. Bueno, basta recordar al entonces diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Luis Fernando Chávez Zepeda, quien no se atrevió a obligar a Alberto Capella Ibarra a comparecer. Ni hablar de los beneficios económicos que recibieron varios diputados.
Es de vox populi que la mayoría de los congresistas siempre han temido al gobernador y ahora, gobernadora en turno.
No son capaces de cuestionar, indagar, enfrentar, argumentar o simple y llanamente preguntar por cuenta propia, tienen que pedir permiso. Sin importar que la sociedad, a la que deben servir, esté de por medio.
Saben que son tiempos electorales y para algunos es la oportunidad de quedar bien y lograr el pase a las próximas candidaturas. Otros solo obedecerán y agacharán la cabeza, y quizá solo la escasa oposición, que no es capaz de leer ni siquiera la glosa del informe, para nutrirse de datos, lanzará uno que otro disparo de salva.
En el primer año de la XVII Legislatura, que encabezó el grupo legislativo del verde ecologista y que tuvo como presidente de la Jugocopo a Renán Sánchez Tajonar, se argumentó el cambio de gobierno y desconocimiento del tema por parte de la mayoría de los funcionarios entrantes. Ahora no hay excusas ni pretextos.
Payo Obispo
Los cuestionamientos de los diputados en las comparecencias que se realizarán del 9 al 25 de octubre, serán de vital importancia para conocer la situación que guarda la administración, que en el 2023 maneja un presupuesto de más de 40 mil millones de pesos.
Aunque todos los temas son importantes, el que debe ser tomado con la seriedad que amerita es el de seguridad pública, seguido por el de salud, desarrollo social, desarrollo económico, educación y sin pasar por alto la realidad financiera del Gobierno Estatal.
Los órganos autónomos, que forman parte de la pasarela, también merecen cuestionamientos serios, sobre todo la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos.