Por David Acosta /
La desesperación de los diputados perredistas y panistas de justificar su incapacidad, los está llevando a cometer errores y tragar sus promesas. Su discurso se ha basado en acabar con la corrupción y castigar a los funcionarios de la pasada administración hasta llevarlos a la cárcel. Sin embargo se les olvidó algo, hacerse de las pruebas para acusar o señalar con sustento las irregularidades cometidas, por ello solo les resta ser ocurrentes.
Este jueves la XV Legislatura aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución en donde se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General del Estado, para que solicite al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que emita una alerta migratoria y aseguren los bienes del ex gobernador, Roberto Borge Angulo, para garantizar el daño patrimonial en el estado.
Es difícil creer que en el Congreso del Estado, en donde se elaboran y reforman todas las leyes, no se tenga conocimiento que la solicitud legalmente no procederá (no al menos en estos momentos) y políticamente tiene casi cero posibilidades.
Esta decisión viene de la incapacidad de la legislatura, pero en especial de la bancada panista y perredista, para demostrar con pruebas fehacientes de que se cometieron graves actos de corrupción en el sexenio de Borge Angulo, peor aún que él los cometió. Esto no significa que no se hayan realizado, sino que no se ha encontrado el sustento de lo que tanto acusan y ahora con ocurrencias pretenden quedar bien, ante la demanda ciudadana que ellos mismos motivaron.
Hasta el momento lo único que se ha logrado interponer son dos denuncias por venta irregular de terrenos, una ante la PGR y otra ante la Fiscalía, en contra de quien resulte responsable y no en contra del ex gobernador, eso hace apenas unos días.
Han desfilado los secretarios de gabinete ante el Congreso del Estado y no se han podido conformar más denuncias penales por corrupción, pese a la deuda pública y el “oneroso” gasto encontrado en las cuentas públicas del sexenio pasado. Lo hallado solo ha servido para ganar reflectores y el plazo para formular denuncias está por fenecer.
Para emitir una alerta migratoria se requiere más que una simple solicitud, por ejemplo en el 2012 el INM emitió una en contra de cinco funcionarios de la administración de Humberto Moreira, por el endeudamiento de Coahuila. Sin embargo en este caso se tenían pruebas contundentes, se había librado una orden de aprehensión y los inculpados ya eran considerados prófugos, pues algunos incluso ya habían abandonado el país.
Otro de los casos más sonados es del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien intentó invertir su dinero y conseguir su residencia en Estados Unidos, para contar con la protección de la justicia americana. Fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) el que solicitó la alerta migratoria porque fue claro el hecho de que pretendía escapar del país, sin embargo ya pesaban varias denuncias directas en contra del ex mandatario por actos de corrupción.
Los diputados panistas y perredistas mejor deben ponerse a trabajar, dejar a un lado las venganzas y revanchismos políticos, para demostrar que verdaderamente existe un cambio, sobre todo no olvidarse que muchos vinieron de ese partido al que pretenden aniquilar a como dé lugar.