Por David Acosta /
El pleito entre el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena y el jefe de oficina del Ejecutivo, Miguel Ramón Martín Azueta, entorpece la solución del conflicto con los ejidatarios de Bacalar. Su enemistad es tan evidente que deshicieron un acuerdo con los campesinos, que puede alcanzar dimensiones mayores.
Para nadie es un secreto que López Mena y Martín Azueta, tienen un conflicto que desde hace mucho trascendió de lo privado a lo público.
Este jueves cerca de tres mil campesinos bloquearon la carretera federal Bacalar-Cancún, debido a que las autoridades les negaron el apoyo de sus cultivos siniestrados. La respuesta del Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural fue que no se realizaron los trámites con la seguradora y por tanto no había responsabilidad.
A los ejidatarios solamente se les ofreció orientación para acceder a los programas de apoyo federal y estatal, según el comunicado oficial. Propuesta que los campesinos no aceptaron, pues exigen ayuda inmediata para las presuntas 11 mil hectáreas de cultivos siniestradas.
Aún más, en el mismo comunicado se consignó que el cierre carretero realizado por los ejidatarios, solo fue con fines políticos. Sin embargo, es el gobierno el que negó la ayuda económica por intereses políticos, pues la mayoría de los campesinos pertenecen a la Confederación Nacional Campesina, afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además justificado o no, para nadie es un secreto que el campo está en bancarrota, argumento utilizado por los ejidatarios que además aprovecharon lo endeble de la contraparte negociadora.
Tras horas de bloqueo que afectó a miles de conductores y al ver que los ejidatarios no tenían la mínima intención de abrir el paso a la circulación, Martín Azueta; el subsecretario de Desarrollo Político, Joel Espinosa; el subsecretario de Ganadería, Héctor Peña y el presidente municipal de Bacalar, se apersonaron al sitio para dialogar con los inconformes.
Tras la plática se firmó una minuta en donde se acordó pagar mil pesos a cada uno de los campesinos, cuyas cosechas resultaron afectadas. No había ni terminado de pasar los vehículos varados, cuando Francisco López Mena, a través de otro comunicado aseguró que no se había llegado a ningún arreglo. Según porque es un convenio fuera de la ley y porque además Martín Azueta y la comitiva de funcionarios habían sido agredidos física y verbalmente.
Testigos en el sitio que corroboraron los hechos, aseguran que no hubo tal agresión, inclusive Miguel Ramón ofreció entrevistas posteriores y ni siquiera se le veía despeinado. Aunque hay que mencionar que había miles de ejidatarios furiosos, que no dejarían escapar la oportunidad para llegar a un arreglo.
La realidad es que este funcionario no tiene nada que ver con la política interna (aunque actué como secretario de gobierno) y el que debe resolver es López Mena, quien de ninguna forma avalará un “triunfo” de su contrincante, aunque esto encienda más un conflicto que solo perjudica a su jefe.