Chetumal, 23 de agosto de 2016.- Ahora el gobernador de Quintana Roo no tendrá autonomía para designar o destituir al fiscal general de Justicia. Por las reformas a la Constitución Política del Estado, tal atribución será compartida con el Congreso Local.
Inclusive, desapareció la Contraloría Interna de la Fiscalía General de Justicia y será reemplazada por el Órgano de Control y Evaluación Interna, que tendrá facultades de fiscalización, sanción de servidores y evaluación de situación patrimonial no queden suspendidas.
Lo anterior con base a propuestas enviadas por el gobernador Roberto Borge Angulo, para la conclusión de la armonización del Sistema Nacional Anticorrupción al ámbito local. Las reformas impactaron al Poder Judicial a fin de clarificar las condiciones para designación y remoción del fiscal general de Justicia.
Anteriormente la designación del procurador de Justicia, que es la figura que reemplazó el fiscal general de Justicia, era potestad del Ejecutivo Estatal, pero ahora será entre él y la Legislatura en funciones.
En caso de remoción, el gobernador del Estado deberá justificarle fehacientemente. De lo contrario, el Congreso Local puede restituirle.
«Las disposiciones son en atención a la armonización del Sistema Nacional Anticorrupción al ámbito local, a fin de que haya autonomía de los poderes», cita la iniciativa.
La aprobación fue realizada con el aval de 20 diputados pero puede ser combatida mediante una Acción de Inconstitucionalidad.
Pero los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Bolio Rosado, Trinidad García Argüelles y María Eugenia Azcora Luego, así como el independiente Luis Miguel Ramírez Raso le rechazan so argumento de que las reformas son para » blindar» al actual gobernador Roberto Borge Ángulo.
El presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura, Pedro Flota Alcocer, indicó que el objetivo es fortalecer la independencia de los tres poderes del Estado, para combatir la corrupción.
Asimismo, manifestó no temer a la Controversia Constitucional promovida por el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, porque es un derecho que le confiere la Ley y sobre todo, evita situaciones de protesta social.
“Esta Controversia Constitucional es el camino que debió tomarse desde el momento cuando se manifestó una diferencia de criterios y opiniones sobre acciones que los legisladores de la XIV Legislatura tomamos”, expuso.
En otro contexto, la XIV Legislatura aprobó 20 cuentas públicas ejercicio fiscal 2015, de diversos organismos del Estado.
Entre ellas destacan las del Poder Judicial, Administración Portuaria Integral, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Colegio de Bachilleres del Estado, Colegio de Educación Profesional Técnica, Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos, Universidad de Quintana Roo, VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. de C. V.
También de la Universidad Politécnica de Bacalar, Instituto de Infraestructura Física Educativa, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Servicios Estatales de Salud, Instituto Electoral de Quintana Roo, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
Asimismo, se aprobaron los informes de resultados de las cuentas públicas de los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.
Los ejercicios fiscales de Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún y del Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, recibieron observaciones por inconsistencias en la documentación. (Por Herlindo Vázquez)