>Ha sido denunciado penalmente por despojo de propiedades entre otras irregularidades que comete y se ampara con su fuero
>El lesgislador priísta, lejos de ayudar en beneficio de la población, que le dio el poder, utiliza sus influencias para quebrantar la Ley y despojar a ciudadanos de sus propiedades
POR HERLINDO VAZQUEZ
Chetumal.- Mediante presunto Tráfico de Influencias, Falsedad de Declaraciones, testigos comprados y “chicanadas” legales, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Manuel Herrera, pretende encarcelar a un discapacitado que le obstaculiza la venta ilegal de terrenos de alta plusvalía, del Ejido Aarón Merino Fernández.
Para lo anterior es respaldado por el presidente del Comisariado Ejidal, Edmundo Gómez Trejo y el ex diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Román Guzmán González, además de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), Norma María Loría Marín, la cual presuntamente incurrió en violaciones a la Ley.
El afectado, Luis Armando Cámara y Baak, denunció que desde hace dos años sufre represalias del diputado del PRI, por denunciar las irregularidades que éste ha cometido y por lo tanto le responsabiliza de cualquier daño a su persona, familia o patrimonio, porque combatirá las unilateralidades.
Expuso que durante el 2013 el diputado del PRI le demandó por presunto intento de homicidio con arma blanca y que le siguió hasta su casa con la intención de matarle, lo cual quedó asentado mediante la Causa Penal 361/2013 y le llevó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, de donde salió absuelto y en libertad inmediata porque el juez segundo de lo Penal, Daniel Farah Godoy, determinó que la denuncia era infundada.
Porque las imputaciones fueron hechas por testigos que en realidad son trabajadores de Manuel Herrera y cayeron en contradicciones.
Cámara y Baak negó las amenazas puesto que tiene 71 años y es discapacitado, difícilmente camina con el apoyo de un bastón y argumentó que se trata de una venganza. No obstante, el legislador sin tener las atribuciones de la Ley apeló la sentencia ante el TSJE, y lo grave es que la magistrada Loría Marín le aceptó.
El presunto agraviado condenó lo anterior porque de acuerdo a la Ley la apelación debió ser realizada por el agente del Ministerio Público, lo cual no ocurrió en los términos establecidos, no obstante la magistrada dio entrada al recurso.
“Me están juzgando dos veces por el mismo hecho, lo cual no puede ser porque el agente del MP, que es el cual estaba facultado, se desistió, ahora con evidente dolo el diputado pretende se me enjuicie de nuevo”, denunció.
Para evitar cualquier “chicanada” legal, Cámara y Baak solicitó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, contra la apelación del diputado del PRI, toda vez que es infundada.
Cámara y Baak indicó que el trasfondo del asunto es que promovió un recurso contra el diputado cuando intentaba vender en forma ilegal terrenos de alta plusvalía a políticos y empresarios, incluso cederle a sus familiares.