POR HERLINDO VAZQUEZ
CHETUMAL.- Benito Juárez y Othón P. Blanco son los municipios más observados por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), por presuntas irregularidades e inconsistencias en el Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello durante el presente Período Ordinario de Sesiones se analizarán con precisión los expedientes respectivos para determinar o descartar irregularidades en la ejecución de recursos del Erario, advirtió la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, Marybel Villegas Canché.
Puesto que existen antecedentes de posibles desfalcos a tales administraciones, aunque todavía no existen elementos para corroborarles.
Villegas Canchpé recordó que en el caso de Benito Juárez, a fin del 2013 se dio a conocer que la administración de Julián Ricalde Magaña, incurrió en presuntas irregularidades que causaron quebranto económico al Ayuntamiento, pues de deuda a corto plazo por más de 667 millones de pesos, incrementó a largo plazo a más de mil 999 millones.
Expresó que los pasivos heredados de otras administraciones aumentaron significativamente, por ejemplo en el 2005 sumaban 32 millones 77 mil 442 pesos; para el fin del gobierno en el 2008 incrementaron a 36 millones de pesos; en el 2011, se heredaron 21 millones de pesos, sin embargo, el aumento mayor se dio al final de la administración de Julián Ricalde, al sumar 131 millones 170 mil 046 pesos.
En el caso de Othón P. Blanco se ha dado a conocer la falta de recursos por irregularidades generadas en la administración municipal presidida por Carlos Mario Villanueva Tenorio, donde se habla de montos por 500 millones de pesos.
Por dichos temas se dará especial atención a las cuentas públicas 2012, además de que se pedirá a los organismos que dan seguimiento a los casos, brinden un informe detallado al Poder Legislativo para la aplicación de la Ley contra quienes generaron afectaciones a los quintanarroenses.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales aseguró que no se trata de una persecución política ó “cacería de brujas”, solo se dará cumplimiento a las atribuciones del Poder Legislativo para señalar y puntualizar las irregularidades, así como exigir que se castigue a los ex funcionarios o funcionarios implicados en estos casos.