POR HERLINDO VAZQUEZ
Chetumal.- El ex director de Fiscalización, Reglamento y Vía Pública, Ángel Hernández Marín, solicitó se investigue a fondo las presuntas irregularidades registradas en el ejercicio de más de 88 millones de pesos durante la administración presidida por Carlos Mario Villanueva Tenorio.
Puesto que de ese modo se determinaría a los verdaderos culpables y se deslindarían responsabilidades contra ellos, puesto que la Contraloría Municipal procedió en forma equivocada contra ex funcionarios municipales.
Como en su caso en el cual fue amonestado por presuntas irregularidades en su encargo como director de Fiscalización, Reglamento y Vía Pública, sanción que apeló ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
El próximo 15 de abril tendrá la comparecencia correspondiente y posteriormente la citada instancia determinará lo que proceda. En tanto Hernández Marín respaldó todas las acciones encaminadas a esclarecer las irregularidades.
Recientemente la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Cabildo de Othón P. Blanco dio a conocer que promoverá la inhabilitación y juicio político contra el ex presidente municipal de Othón P. Blanco.
Puesto que tras el análisis de la Entrega-Recepción, se detectó que la pasada administración heredó adeudo por 88 millones 846 mil 748 pesos.
De lo anterior, 28 millones 95 mil pesos corresponden a pagos de cuotas patronales pendientes con los institutos de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a Avance Lumínico S. A. de C. V, empresa que se encarga de prestar el servicios de alumbrado público en Othón P. Blanco.
Asimismo, destaca el adeudo de dos millones 14 mil pesos a Diconsa que por cuestiones desconocidas la Tesorería Municipal nunca solventó. También se detectó que de las 46 obras ejecutadas durante el primer trimestre de la pasada administración municipal, 18 presentaron irregularidades de adjudicación.
Hernández Marín respaldó lo anterior puesto que permitiría deslindar responsabilidades contra los verdaderos responsables de las irregularidades en cuestión.