POR HERLINDO VAZQUEZ
CHETUMAL.- Hasta ahora se han detectado tres casos de especulación de tierra mediante incendios forestales para intentar obligar a las autoridades a aprobar cambios de Uso de Suelo en la Zona Norte de Quintana Roo.
Por lo tanto se reúnen elementos para acreditar dichas casos como delitos ambientales y proceder ante la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó el secretario de Medio Ambiente, Rafael Muñoz Bersunza.
Para no alertar a los presuntos responsables e intervenir en las indagatorias, se omiten ubicación de los casos en cuestión.
Respecto a los ejidos, se realizará un monitoreo y supervisiones para se respete el calendario de quemas y evitar deflagraciones, puesto que hay antecedentes de que varios fueron provocados, tal como quedó asentado el año pasado en las 14 demandas interpuestas ante la PGR.
No obstante, Muñoz Bersunza advirtió a quienes especulan con terrenos que no procederán sus intenciones puesto que por disposición de Ley, toda aquella selva que sea quemada entra a una veda por 20 años para fomentar su recuperación.
Por lo cual aquellos que intenten especular con la tierra no tendrán éxito pero si el riesgo de que sean sujetos a pena corporal y pago de multas.
Detalló que se han detectado tres casos en la Zona Norte, donde personajes ya ubicados pero todavía no dados a conocer públicamente, pretenden obligar a las autoridades a emitir el Cambio de Uso de Suelo.
En función de lo anterior de reúnen elementos para acreditar los delitos y proceder ante la PGR, advirtió Muñoz Bersunza.
Puesto que la presente Temporada de Incendios Forestales se pronostica intensa y es necesario tomar las medidas necesarias para evitar afecten al entorno de Quintana Roo, señaló el secretario de Medio Ambiente.
Durante la Temporada de Incendios Forestales 2013, que fue entre el 15 de enero y 15 de junio, la Conafor registró 71 deflagraciones que causaron afectación en 24 mil hectáreas de selva.
Los siniestros se registraron en el Chital y el Corchal, en el municipio de Lázaro Cárdenas; el Tunich-Ha Aurora y Lázaro Cárdenas del Río, de Solidaridad; el Rancho Rojo, San Jorge y Sabana Santa María, en Benito Juárez; Uymil y kilómetro 11 en Othón P. Blanco; la zona de aprovechamiento Chacchoben, Pozo Chacchoben, el Cocoyol y el Centro de Investigaciones de Vida Silvestre en el municipio de Bacalar y finalmente el Balam del reserva de Balam Ka’ax, en José María Morelos, con una afectación total de 10 mil 437 hectáreas siniestradas.
Se interpusieron 14 demandas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por presunto provocación de incendios forestales.