Ley de Extinción de Dominio sin afectación al estado

14pedroPor Herlindo Vázquez

Chetumal, 14 de agosto.- Los nuevos criterios acordados para la implementación de la Ley de Extinción de Dominio en los Estados no afecta a Quintana Roo pues la legislación local es acorde a la normatividad federal.

 

Dado que desde hace mucho la Legislatura Local previo tal escenario, señaló el presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura, Pedro Flota Alcocer.

La Acción de Extinción de Dominio es una acción autónoma, que implica la pérdida del derecho de propiedad de los bienes, sin retribución o remuneración alguna. Esto sólo se lleva a cabo cuando se acredita el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; y cuando el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena fe, y si estaba impedido para conocer su utilización ilícita. 

Con el análisis del caso de Colima, donde se incluyó la extorsión y lavada de dinero como causales para la Extinción de Dominio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hacer modificaciones a la normatividad de las entidades.

El presidente de la Gran Comisión en la XIV Legislatura expuso que la Ley de Extinción de Dominio de Quintana Roo no presente contraposiciones a la normatividad federal, pues solo incluye los delitos de la delincuencia organizada, trata de personas, delitos contra la salud, secuestro y robo de vehículos.

Dicha ley fue aprobada en el pasado Periodo Ordinario de Sesiones que finalizó en mayo pasado, así que toda propiedad y bienes e inmuebles que sean utilizados para cometer uno o más de los delitos antes descritos podrán ser retenidos por las autoridades respectivas con el fin de reducir los bienes de la delincuencia utilizados para cometer sus crímenes.

Este marco legal es nuevo en la entidad y formará parte de los mecanismos a usar en el Nuevo Sistema Judicial, por lo que todavía no es usado en Quintana Roo pese a que existen algunos sitios que desde hace varios años están bajo custodia de las autoridades federales y algunas estatales.

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