Por Herlindo Vázquez
Chetumal, 27 de julio.- Ahora todo servidor público que niegue información solicitada por cualquier ciudadano será sujeto a sanción, la cual puede derivar hasta en inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Pues la Diputación Permanente de la XIV Legislatura decretó la Reforma Constitucional a la Ley de Transparencia del Estado de Quintana Roo, tras computar el respaldo de los 10 ayuntamientos de Quintana Roo.
Con estas disposiciones ahora los partidos políticos y sindicatos pasan a ser sujetos obligados, pues reciben financiamiento del Gobierno del Estado.
Un sujeto obligado es todo aquel organismo de cualquier nivel de Gobierno obligado a brindar información a cualquier ciudadano.
Ayer la Diputación Permanente de la XIV Legislatura recibió la validación de los 10 ayuntamientos respecto a la Reforma Constitucional de la Ley de Transparencia, la cual salvo en el caso del Ayuntamiento de Benito Juárez, fue validad por unanimidad, confirmó el presidente de la Gran Comisión, Pedro Flota Alcocer.
Ahora el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección a Datos Personales de Quintana Roo tendrá mayores atribuciones, al grado de que en caso de que algún sujeto obligado incumpla con peticiones ciudadanas, puede sancionarle desde una amonestación pública hasta la inhabilitación.
Con esta reforma la figura de consejero desaparecerá y en su lugar se creará el comisionado y no representará mayor carga al erario, pues los ajustes serán internos.
“No se prevé un crecimiento de la estructura administrativa del nuevo órgano, sino con la estructura que ya tienen ajustarán funciones y eso ya depende del diseño administrativo del propio órgano aunque se agregarán más entes como sindicatos y partidos políticos pero no implica aumentar el persona, pero las facultades serán mayores para aplicar sanciones a cualquier nivel de autoridad, desde de tipo administrativo como económicas y separación del cargo”, finalizó.