CHETUMAL, 24 de octubre de 2016.- Son cuando menos 100 las primeras denuncias por despido injustificado que se han interpuesto en contra del gobierno del estado y los ayuntamientos de Solidaridad y Cozumel, sólo a través de la firma jurídica Justicia 3 Abogados, informó su encargada, la abogada Lorena Gómez Palma.
La entrevistada mencionó que los afectados de estos despidos en los que se están cometiendo diversas ilegalidades, abarcan desde trabajadores operativos hasta directivos y mandos policiales; incluso existen casos de mujeres embarazadas que fueron hostigadas y obligadas a firmar su renuncia, mediante engaños.
Gómez Palma indicó que estas denuncias se presentaron entre el 7 y 10 de octubre pasado, y no descartó que conforme avancen los días se incremente el número de despidos injustificados en diferentes dependencias del gobierno del estado y ayuntamientos municipales.
Asimismo, sostuvo que este centenar de despidos abarca todo tipo de rangos, como jefes de departamento, directores, asesores, auxiliares administrativos, jefes de cuerpos policiales, entre otro personal operativo.
“Tenemos un gran número de demandas en contra de los ayuntamientos municipales de Solidaridad y Cozumel; y se ha estado agregando personal que está muy inconforme por el trato, por las condiciones y por las mentiras de personal del gobierno del estado”, comentó Gómez Palma.
Mencionó que en la mayor parte de estos casos se dieron despidos arbitrarios e injustificados, con hostigamiento y violando normas que la Ley Federal del Trabajo prevé, como por ejemplo despedir a mujeres embarazadas y no querer pagarles todas las prestaciones que por derecho corresponden.
“A estas personas las tienen dando vueltas y les hicieron hostigamientos laborales para que renuncien; a otros con base en engaños les dijeron que tenían que firmar unos documentos con la finalidad de que obtuvieran una reubicación, cosa que fue falsa, pero lamentablemente muchos firmaron; en casos muy concretos las personas de Cozumel están refiriendo casi las mismas circunstancias de despidos que se dieron en el municipio de Solidaridad; y en gobierno del estado igual les están haciendo creer a la gente que firmando sus renuncias los van a reubicar, cuando realmente estas acciones obedecen a que no quieren pagarles todas las prestaciones que por derecho les corresponden”, explicó Gómez Palma.
Indicó que otra de las ilegalidades que se están suscitando es que además de obligarlos a firmar documentos para su supuesta reubicación, también les han hecho firmar documentos en blanco, y muchos son a los que tienen en espera con la promesa de que todas las cantidades que por concepto se hayan erogado producto de su trabajo se las van a pagar en los meses siguientes; sin embargo, advirtió que la ley prevé sólo un máximo de 4 meses para que el trabajador pueda denunciar, y si no lo hace en ese tiempo ya no podrá hacerlo después.
“Lo que a nosotros nos preocupa es que todo esto de las presuntas reubicaciones y de darles esperanzas a los trabajadores que fueron despedidos, es para que pase el tiempo y luego ya no puedan demandar, y así los ayuntamientos y el gobierno no les paguen lo que por ley les corresponde. Pienso que todo esto es más el ánimo de evitarse la demanda por parte de las autoridades y buscarse una justificación para el efecto de que no les paguen lo convenido”, expresó.
La abogada comentó que otra violación de los derechos laborales que han detectado es que “hay una jurisprudencia que refiere que para ciertos cargos es necesario la notificación del patrón al trabajador del cese de sus funciones, como lo son jefes de departamento y directivos, entre otros; pero eso no significa que el trabajador no tenga derecho al pago de todas sus prestaciones, las cuales son irrenunciables, y el problema es que no les están queriendo acreditar los años de antigüedad, muchos de ellos con más de 20 ó 30 años, además de que en muchos casos tampoco les quieren reconocer cierto tipo de compensaciones que son obligatorias en los finiquitos, que tampoco habían hecho y que hasta hace pocos días empezaron a hacer en muchos de los casos”.
Gómez Palma señaló que otro de los ilícitos penales que se están cometiendo y que contravienen a las normas del derecho laboral es la retención del salario, ya que existen trabajadores que fueron despedidos recientemente pero que desde el mes de septiembre no les han pagado su salario.
Dijo que estas y otras ilegalidades, como correr a mujeres embarazadas, hostigamiento y amenazas, entre otros abusos de autoridad, deben ser vigilados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de que al interponer la denuncia se hace lo concerniente para dar parte a la agencia del Ministerio Público adscrito y “este pueda tomar cartas en el asunto, para que así se pueda actuar con respecto a estos despidos que, además de dolorosos para el trabajador, han sido muy déspotas y muy arbitrarios, porque no era necesario tanto abuso del poder”.
“Entendemos que la persona responsable de cada una de estas instituciones o son sus presidentes municipales o el gobernador en turno, aunque también sabemos que hay casos donde se atienden situaciones muy en particular donde el nuevo titular ya no quiere a ciertos trabajadores; este es un tema que a nosotros no nos compete y cada dependencia o ayuntamiento tendrá sus razones para hacerlo, pero lo que a nosotros nos importa y lo que nosotros defendemos es que estos despidos se hagan en el marco de la legalidad, ya que nuestro deber es garantizar que no existan despidos injustificados y que se responda al trabajador conforme a derecho”, refirió Gómez Palma.
Además, agregó que “estamos conscientes en que se aplique la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los Ayuntamientos, pero de las cosas que esta ley no prevea se tiene que aplicar de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, y en este caso en su artículo 133 es muy clara al establecer lo que no deben de hacer los empleadores respecto del trato de los trabajadores”.
La abogada recomendó a todo trabajador que atraviese por una situación similar de despido injustificado o que lo estén obligando a firmar su renuncia, para que no firme ningún tipo de documento que contravenga con sus derechos laborales o que les parezca sospechoso; además de que en caso de hostigamiento o amenazas aconsejó que se grabe con audio o video, o que se reúnan todas las pruebas que estén a su alcance ya que esto dará mayor peso a la denuncia y facilitará para que se resuelva en favor del agraviado.
“Una de las tantas recomendaciones es que no firmen, que no crean en estas reubicaciones a menos que no les hagan firmar documentos que contravengan sus derechos laborales, porque hay derechos laborales que son irrenunciables, como la prima vacacional, prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, y muchos con categorías que pueden alcanzar los 3 meses de indemnización constitucional, y es ahí donde pretenden cortar estos derechos para no pagar a los trabajadores todo lo que por ley les corresponde.
También se está haciendo un llamado a la ciudadanía para que tengan bien en claro quién los va a defender, que sea una persona o institución con todo el conocimiento necesario para que ellos puedan llevar a buen término la demanda y puedan obtener todo lo que les corresponde conforme a la Ley. Si un empleador quiere dar de baja a un trabajador le tiene que notificar el aviso de terminación laboral, que eso es algo que apenas está empezando a hacer el gobierno del estado, pero aun así es su obligación pagarle los irrenunciables al trabajador.
Las recomendaciones que le daríamos a todas las personas que estén en esta situación es que si están siendo hostigados o amenazados hagan la grabación ya sea en audio o video; nosotros contamos con diversas grabaciones que se han presentado en contra de autoridades municipales del ayuntamiento de Solidaridad, y esto es muy importante porque robustece una demanda. Es muy importante que no firmen nada, incluso la terminación de la relación contractual, ya que es mejor que se asesoren con un abogado para que éste los oriente sobre los términos en que será esta terminación de su relación laboral, sobre todo en lo que son los términos monetarios. También si están teniendo una retención de salario, porque muchos no les han pagado desde septiembre, sugerimos que hagan su denuncia correspondiente porque esto es un delito y un abuso de poder, ya que no les pueden retener su salario bajo ninguna circunstancia. En el caso de las mujeres que sean despedidas en estado de gestación, eso les va a favorecer para su permanencia e incluso tienen derecho a gozar de su licencia de maternidad y posteriormente regresar a laborar en los mismos términos y condiciones”, concluyó.
Finalmente, dijo que si algún ciudadano tiene deseos de demandar sin temor, puede acercarse a la firma jurídica Justicia 3 Abogados, a través del teléfono 9831230224; o bien comunicarse a las oficinas de El Barzón Quintana Roo en el teléfono 9831167547, donde serán canalizados para recibir asesorías gratuitas. (Por poresto.net)