Chetumal.- El Juzgado Sexto de Distrito con sede en Cancún realizó una diligencia en la zona limítrofe con Campeche, para constatar las condiciones que prevalecen en las poblaciones de Caña Brava y Felipe Ángeles, ante la falta de agua potable.
De acuerdo con el asesor legal, Andrés Blanco Cruz, hasta el momento, son cuatro localidades de esta región del municipio de Othón P. Blanco que han demandado judicialmente a las autoridades estatales, por su derecho humano de acceso al agua potable como lo establece la constitución.
El primero de ellos, fue la población de San Antonio Soda que ya cuenta con el servicio de agua potable en los domicilios de sus habitantes, luego de obtener un triunfo legal sin precedente en el Estado, luego de que un Tribunal Colegiado, ratificó la orden para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), les otorgue a sus habitantes este servicio.
Más tarde, la localidad de Guillermo Pietro ganó el amparo presentado al Juzgado Federal del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, que obliga al Congreso del Estado a destinar recursos en el presupuesto del 2021 para que la CAPA construya un acueducto para satisfacer esta demanda.
Ahora, se han sumado las comunidades de Caña Brava y Felipe Ángeles que tendrían tras décadas, sin acceso a agua potable, ya que, tras interponer una demanda de amparo en esta última comunidad, un actuario del Juzgado Sexto de Distrito, dio fe de los hechos que los pobladores demandan y lo insalubre del agua que consumen.
Blanco Cruz detalló que, por disposición del Tribunal Colegiado con sede en la ciudad de Cancún, el actuario del Juzgado Sexto de Distrito, realizó la diligencia de inspección judicial a fin de constatar las condicionantes que prevalecen en la comunidad de Caña Brava.
Constatando la falta del suministro de agua potable e incluso condiciones que atentan contra la salud de los pobladores, pues los habitantes usan para su consumo el agua insalubre proveniente de una aguada, tal y como lo hacían la población de San Antonio Soda.
El abogado especialista en el derecho de las comunidades indígenas al agua, resaltó que al igual que la comunidad de Guillermo Prieto, la Décimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado y la CAPA, han sido notificada de la demanda de amparo, así como de las diligencias judiciales que se llevan a cabo con la finalidad de que los habitantes de Felipe Ángeles y Caña Brava, tengan acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Resaltó que, tras la diligencia de inspección judicial, donde se dio fe de la urgente necesidad de que se les garantice a los habitantes de ambas comunidades, este derecho humano de primera generación, en las próximas semanas el Juzgado Sexto de Distrito, estaría emitiendo en el caso de Caña Brava una sentencia, la cual dada las pruebas aportadas consideró saldría a favor de los demandantes.
Por lo anterior hizo hincapié en que la Décimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado, no solo tendría que considerar por resolución judicial un presupuesto en 2021 que garantice el servicio de agua potable en cantidad suficiente salubre y aceptable para los pobladores de Guillermo Prieto, sino haciendo apéndice a la supuesta disposición que ha mostrado el presidente Gustavo Miranda presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), por mejorar la calidad de vida de las comunidades limítrofe, tanto Felipe Ángeles y Caña Brava también tendrían que contar para el próximo año con recursos para acceder a este derecho y no sea a través de un mandato judicial.
La comunidad de Felipe Ángeles cuenta con 700 pobladores, mientras que Caña Brava con 300 habitantes.(Capital News)